La dictadura cubana anunció que la marcha convocada por la oposición para el 15 de noviembre no recibió autorización y fue declarada ilícita por considerar que sus promotores tienen la intención de impulsar un cambio de régimen, argumentando la falta de razones y los vínculos de los promotores con “organizaciones subversivas”. La Marcha Cívica por el Cambio se había adelantado del 20 de noviembre al 15 de ese mes tras un primer impedimento de La Habana: el anuncio del régimen de realizar “ejercicios de preparación de defensa” del 17 al 20 de noviembre.
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Por: Infobae
Ahora, el régimen terminó por desterrar la posibilidad de que reciba el permiso.
En una carta en respuesta a la solicitud, indicaron que “no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha” y dijeron que los promotores del evento tienen “vínculos con organizaciones subversivas o agencais financiadas por el gobierno estadounidense”.
Además, esgrimieron que el ejercicio de los derechos, como el de la libre expresió, está limitado al derechos de los demás, “la seguridad colectiva, el bienestar general”
La carta firmada por Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de la Administración de la Habana Vieja, concluyó: “Es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”
El grupo civil Archipiélago, convocante de la manifestación, decidió que “no tenía otra opción” que anticipar la cita en las calles al 15 de noviembre, porque mantenerla el 20 “no tenía ningún sentido” después del anuncio del Gobierno, explicó su coordinador, el dramaturgo Yunior García Aguilera. Los organizadores de la marcha interpretaron esa medida como “una amenaza, un mensaje no directo; pero por nuestra experiencia anterior, un mensaje más que claro de que no van a permitir la marcha”, según García Aguilera.
La plataforma virtual ciudadana Archipiélago había solicitado el mes pasado a través de cartas dirigidas al Gobernador de La Habana, Reinaldo García, y el intendente del Consejo de Administración Municipal (CAM) de la capital, Alexis Acosta, la autorización para llevar a cabo una manifestación pacífica contra la violencia el 20 de noviembre.
Una veintena de firmantes alegaron en su solicitud el reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana aprobada en 2019. Además, argumentaron que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y expusieron que se trata de una marcha “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
Asimismo, hicieron extensiva su iniciativa a los ciudadanos de todo el territorio nacional y se han registrado peticiones similares a las autoridades locales en otras ciudades como Cienfuegos, Pinar del Río, Holguín y Santa Clara.
Como hasta la fecha, según dijo García, no habían recibido una respuesta oficial de las autoridades, “entendimos que las señales como citaciones y amenazas a los firmantes de las solicitudes de las marchas, no eran positivas y que no se iban a permitir”.
Los organizadores de la manifestación destacaron que su reprogramación para el 15 de noviembre coincidiría con la reapertura de las fronteras al turismo internacional y mantienen las características del proyecto, que prevé la participación de unas 5.000 personas con un recorrido que comenzaría en la avenida Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede de la Asamblea Nacional.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que, de realizarse, la marcha del 15N podría sentar un precedente histórico.
El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles de forma espontánea para reclamar más libertades y un cambio político en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos y condenas de cárcel.
El país caribeño atraviesa una grave crisis económica con una incipiente inflación, escasez de alimentos, medicinas y otros productos, largas colas y cortes de luz, lo que ha aumentado el descontento entre la población.
